Ago 19, 2010, 02:09 AM | "Una señal equivocada para quienes incumplen con el pago de alquiler"
Laura Valls
Diputada de la AN por Patria para Todos Fidel Eduardo Orozco
forozco@cadena-capriles.com
Después de casi dos meses de haber sido anunciada en la Asamblea Nacional la intención de promover una resolución que prohíba el desalojo forzoso de inquilinos, los sectores vinculados con el tema inmobiliario se mantienen a la expectativa para conocer el contenido de esa disposición.
Se sabe que la materia fue analizada por una comisión técnica multisectorial integrada por representantes del Poder Legislativo, del Ministerio de Vivienda y Hábitat, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y de las asociaciones de inquilinos.
Se informó -además- que las conclusiones y recomendaciones formuladas por ese equipo de trabajo quedaron redactadas en un borrador que fue entregado al Ministerio de Vivienda y Hábitat y a la Procuraduría.
Antes de que se encauzara el trabajo para ilegalizar los desalojos forzosos, la diputada Laura Valls (PPT-Carabobo) había encabezado en la Asamblea Nacional el equipo parlamentario que llevó adelante los debates para reformar la Ley de Arrendamiento.
Resolución innecesaria
La diputada Valls, quien vio concluida su labor cuando -a finales de junio- el proyecto de ley fue remitido a la Primera Vicepresidencia de la Asamblea, dijo no estar convencida sobre la pertinencia de esta normativa.
Según la legisladora de Patria para Todos, tiene que haber equidad para proteger los intereses tanto de los inquilinos como de los arrendadores. "Una prohibición de los desalojos podría ser mal interpretada por quienes no cumplen con el canon de arrendamiento, lo cual traería consigo el aumento de la morosidad".
Laura Valls enfatiza que hay que "ir más allá" en la búsqueda de justicia sobre la materia arrendataria. La solución, dijo, ya está contenida en el proyecto de reforma de la Ley de Arrendamiento, debatido en la Subcomisión de Vivienda y aprobado en primera discusión por la Plenaria de la AN.
"El proyecto que presentamos para su segunda discusión resuelve el problema de fondo. Allí establecemos el cambio del procedimiento judicial que existe actualmente para los desalojos y proponemos la vía de los juicios orales", acotó Valls.
Además, dijo que se incluye la posibilidad de realizar tres audiencias conciliatorias con asistencia del juez de la causa, el arrendador y el arrendatario. "Estas audiencias tendrán que realizarse antes de 30 días y antes de la contestación de la demanda".
La diputada destacó que las audiencias conciliatorias permitirían que los juicios lleguen a un arreglo sin necesidad de ir hasta el final del proceso. "Si no se llega a un acuerdo, tendrán pasar a la contestación de la demanda y, luego de ella, es que podría realizarse una medida preventiva de desalojo o de secuestro".
Indicó la parlamentaria que con este procedimiento quedarán prácticamente descartados los procesos de desalojos.
Valls abogó por establecer reglas claras de juego "que ofrezcan seguridad jurídica para arrendadores y arrendatarios, a fin de poder estimular el mercado".
http://www.elmundo.com.ve/Default.aspx?id_portal=1&id_page=17&Id_Noticia=27046
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